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I. GEHIGARRIA. Bide juridikoa hartzen duten gurasoen aurkako indarkeria-kasuen eskuartzerako esparrua

Tras la interposición de una denuncia, se inicia una intervención sancionadora educativa. En primer lugar, la Fiscalía de Menores ha de decidir si incoa o no expediente al menor, en función de la gravedad de los indicios que observe en la propia denuncia, y de determinadas circunstancias del menor.

Una vez incoado el expediente, siguiendo el artículo 19 de la LO 5/2000, se puede contemplar el sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima.

  • Conciliación o reparación entre el/la menor y la víctima.

Así, la ley en el Art. 19.1 establece dos requisitos para que el Ministerio Fiscal pueda autorizar la mediación:

  • Que el hecho imputado al menor constituya un delito menos grave o falta, sin violencia o intimidación grave.
  • Que el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o subsidiariamente de participar en una actividad educativa propuesta por el Equipo Técnico en su informe.

La conciliación y la reparación representarían dos modalidades distintas de plantear la solución pacificadora entre las partes (Cruz, 2005):

  • Bien a través de la presentación de disculpas por parte del menor y aceptación de las mismas por parte de la víctima o perjudicado/a,
  • Bien mediante la realización por parte del menor de actividades en beneficio de la víctima o de la comunidad, reparación que podría entenderse como un paso simbólico hacia la conciliación.

Ambas comparten, por lo tanto, un proceso de mediación, entendida como una forma de intervención en un conflicto, un método, que consiste básicamente en facilitar la comunicación entre las partes afectadas que posibilite la adopción de un acuerdo entre las mismas (Ruiz Rodríguez y Navarro Guzmán, 2004; p. 635).

Será el correspondiente Equipo Técnico quien realizará dichas funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado. El Equipo Técnico es un servicio público de profesionales de la psicología, el trabajo social y la educación social, con dependencia funcional de la Fiscalía de Menores, que asesora a la Fiscalía y a los Juzgados de Menores a lo largo de todo el proceso en todas aquellas cuestiones «no jurídicas», que tienen que ver con las «circunstancias del menor». (…)

 

  • Procedimiento judicial ordinario

En caso de que no sea posible un proceso de mediación-reparación, porque no se cumplen los criterios antes mencionados, se sigue el procedimiento judicial.

En este caso, tanto la Fiscalía como el abogado del menor y, eventualmente, la acusación particular, se dedicarán a recabar todas aquellas pruebas que consideren oportunas y convenientes a sus intereses.

En ese proceso de instrucción es preceptivo el informe del Equipo Técnico, que en este caso no intervendrá del modo antes mencionado, sino emitiendo un dictamen técnico sobre las circunstancias familiares, psicológicas y socio-educativas del menor.

Aún habría una oportunidad para que pudiera implementarse el proceso de mediación-reparación. Si el Equipo Técnico detecta que ello es posible, solicitará a la Fiscalía que lo acepte. Si es así, dará comienzo el mencionado proceso de mediación.

En cualquier caso, si la mediación fracasa, el menor tendrá que pasar por el proceso ordinario.

Una vez finalizada la instrucción, la Fiscalía remite el expediente al juzgado de menores, quien señalará fecha para la vista oral. En la vista oral estarán presentes, además del juez y el secretario judicial, el fiscal, el letrado del menor y el de la acusación particular —si se ha personado—, un representante del Equipo Técnico que informará sobre las circunstancias del menor, y en su caso un representante de la entidad pública. El menor, con su representante legal también estará presente, así como en determinadas ocasiones la Entidad Pública, y aquellos a quienes se les exija responsabilidad civil.

Es posible que un acuerdo alcanzado entre las partes evite la celebración completa de la vista oral. En este caso —de hecho las sentencias que se acuerdan por conformidad entre las partes suponen un porcentaje muy elevado del total— el menor habrá de aceptar en la sala la responsabilidad por los hechos cometidos, que le deberán ser leídos, así como la medida que para él solicita la fiscalía (fruto del acuerdo con las otras partes).

En el caso de que no sea posible este acuerdo, se celebra la vista oral. Una vez practicadas todas las pruebas —testifical, documental, pericial e informe del Equipo Técnico— quedará visto para sentencia y el magistrado resolverá sobre la responsabilidad penal y civil por medio de una sentencia.

En caso de condena, la medida que se le imponga tendrá que ser compatible con las circunstancias del menor, de tal modo que tenga el máximo componente educativo. La ley marca algunos límites para imponer unas medidas u otras en función de la gravedad de los hechos declarados probados, aunque la flexibilidad que al respecto permite la legislación penal de menores es mucho mayor que la existente en el derecho penal de adultos.

Cuando la sentencia ya es firme, transcurrido el plazo para el correspondiente recurso o hay sentencia de una instancia judicial superior, el órgano judicial ordena la ejecución de la medida impuesta, de cuyo cumplimiento se responsabilizará la Entidad Pública de Reforma, que en nuestra comunidad autónoma corresponde a la Dirección de Ejecución Penal del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en concreto al Servicio de Justicia Juvenil.

Los técnicos dependientes de esta dirección controlarán el desarrollo de la misma y el Servicio de Justicia Juvenil informará al magistrado. Durante el desarrollo de la medida, caben cambios en función del comportamiento del menor. En cualquier caso, el magistrado recabará la opinión de las partes antes de tomar una decisión, además de la del Equipo Técnico y la de la propia Entidad Pública (Servicio de Justicia Juvenil).

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