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La justificación de la evaluación de las políticas públicas puede hacerse, al menos, desde tres dimensiones. En primer lugar, la rendición de cuentas a los ciudadanos en el uso de los fondos públicos por parte de sus gobernantes es una pieza fundamental en toda democracia. En segundo lugar, los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos aparecen recogidos en nuestras normas de mayor rango (Constitución Española, Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Ley General Presupuestaria, por poner tres ejemplos relevantes). Por último, desde una perspectiva más pragmática, el diseño correcto de la política pública, esto es, conocer si alcanza sus objetivos y, en caso contrario, proponer su modificación o supresión exige su evaluación de manera que los programas públicos se basen en resultados y no en buenas intenciones o meras intuiciones.
El desarrollo de la evaluación de las políticas públicas, como le ha sucedido a la propia evolución de la Economía Pública en las últimas décadas como una disciplina cada vez más empírica, se ha visto favorecido por dos elementos claramente relacionados. desde una perspectiva institucional en términos comparados, España alcanza un nivel medio-bajo en la evaluación de políticas públicas. Lo cierto es que nos falta una verdadera cultura de la evaluación como sucede en los países con una larga tradición en evaluación (Reino Unido y Estados Unidos). Las bases de datos, en su mayoría, no están diseñadas para evaluar sino con objetivos más tradicionales de control del gasto y, en general, no se encuentran a disposición de los investigadores.