Hay un tercer eje que abordar desde la perspectiva de la ciudadanía: el referido a la institucionalidad, desde el momento en que el pacto ciudadano se sustenta en una comunidad política donde existen instituciones legítimas o legitimadas en el Estado de Derecho. El sistema democrático y el Estado de Derecho pivotan sobre un conjunto de principios, acuerdos y marcos normativos (respeto a los Derechos Humanos, Constitución, imperio de la ley, separación y autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial…) que dotan de legitimidad a las instituciones. (…)
Lo que aquí se mantiene es que, para avanzar en el planteamiento ciudadano, no solo son precisos mayor y mejor participación social, respeto y ejercicio de los derechos, asunción de las responsabilidades por parte de cada cual, compartir al menos por la mayoría la pertenencia común, respeto a las pertenencias no compartidas pero legítimas, etc.; sino también respeto, vigilancia y critica de las instituciones democráticas exigiéndoles que cumplan su papel de velar por los derechos de los ciudadanos y exigir las responsabilidades.
En el plano de la intervención comunitaria intercultural en pro de la convivencia y la cohesión local, la institucionalidad se sitúa en una esfera decisiva. Ello es debido a que las instituciones públicas (ligadas a las administraciones, y muy marcadamente a la administración local) así como las instituciones privadas (ligadas a la sociedad civil, el mundo de la economía y del tercer sector), juegan un papel clave en la cotidianidad de las gentes, en la distribución de recursos y en general en la calidad de vida y desarrollo local.
Incorporar las instituciones al proceso comunitario es, por lo tanto, una cuestión clave. Y si nos fijamos en la diversidad sociocultural de la comunidad, partiremos de la imperiosa necesidad de que ese conjunto de instituciones funcionen de forma inclusiva –no practicando la discriminación etnocultural, incluyendo entre su personal técnico profesionales de orígenes diversos, etc.