Es obvio que como profesionales de la intervención debemos contar con información actualizada y continua respecto a las oportunidades que ofrece cada uno los recursos de los distintos sistemas de protección. Este aspecto es importante, ya que posibilitará poner a disposición de la persona que demanda ayuda todos los recursos vigentes en ese momento para lograr los objetivos que se proponga, además de abrir la posibilidad de realizar un trabajo coordinado y en red.
Actuamos en el contexto de las personas, por lo que debemos entender los procesos sociales que les afectan. Debemos conocer la magnitud cuantitativa de la exclusión, de la vulnerabilidad o la precariedad, pero más allá de esto, necesitamos conocer las dimensiones cualitativas, los procesos, las trayectorias e itinerarios por los que una persona se ve abocada a la exclusión o por el contrario logra entrar en las zonas de integración.
El trabajo social y la relación de ayuda actúan en el marco de los derechos y obligaciones reflejadas en una gran diversidad de leyes y normas dictadas por variadas instituciones. En este sentido, es importante manejarnos en este contexto legislativo. No se trata tanto de manejar “al dedillo” toda la legislación que nos concierne, objetivo que por otra parte resulta inalcanzable, sino de saber “manejarnos” en el entramado jurídico administrativo, de saber buscar e interpretar la legislación, para así apoyarnos en ella en nuestro trabajo.