La intervención en las situaciones de desprotección infantil se enmarca en un contexto de autoridad y control ejercida por los servicios de protección infantil. Si bien la función básica de los programas de intervención familiar es la de apoyar a las familias, no debe olvidarse el contexto de control desde el que parten.
Por ello, los profesionales de los programas de intervención familiar deben representar simultáneamente ante la familia un rol de apoyo personal y a la vez un rol normativo.
Este aspecto es especialmente relevante en el caso de los educadores/as familiares, que realizan la mayor parte de su trabajo en contacto directo con las familias y en su entorno cotidiano (domicilio familiar). Estos profesionales pueden presentar un mayor riesgo de una excesiva implicación con la familia y de dificultades para poner límites a comportamientos inadecuados, cuando pueda ser preciso para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
Estas circunstancias también tienen implicaciones en el caso de las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales. Así, el mantenimiento de la confidencialidad que caracteriza a la relación profesional-cliente de la práctica clínica habitual, no siempre va a poder ser mantenida en este contexto de intervención.