Fases de la Evaluación Funcional de Conductas Problemáticas

Es frecuente que las personas con discapacidad presenten más de una conducta problemática y, en tales casos, es necesario que la persona responsable de la evaluación funcional establezca un orden de prioridad entre ellas de cara a la intervención: deberá determinar qué conductas deben ser objeto de una evaluación e intervención prioritaria, cuáles deben ser sometidas a una evaluación formal de cara a la intervención pero sin la urgencia de las primeras, y cuáles, en cambio, pueden ser sometidas a una revisión o seguimiento informal.

Por lo general, se considera que las conductas que requieren intervención inmediata son aquéllas que pueden producir daño físico o ponen en riesgo la vida de la propia persona con discapacidad o de otras personas de su entorno, ya sean compañeros, familiares o profesionales. También se consideran prioritarias para la evaluación y la intervención aquellas conductas que dificultan u obstaculizan el proceso de inclusión o integración de la persona con discapacidad en su entorno o el de otras personas, así como aquellas conductas que producen daños materiales. En cualquier caso, y con el fin de determinar si es necesario intervenir de forma inmediata, conviene que cualquiera que sea la conducta, se consideren siempre dos factores: (a) si se corre el riesgo de empeorar o agravar la conducta en caso de no intervenir de forma inmediata y b) si la conducta influye negativamente en la aceptación de la persona por otras personas.

Es necesario que la persona responsable de la evaluación funcional responda a cada una de las preguntas planteadas en la tabla para cada una de las conductas problemáticas identificadas. Si la respuesta a alguna de las tres primeras preguntas del listado es afirmativa, la conducta debe ser objeto de evaluación funcional y de intervención inmediata mediante un plan de apoyo conductual, siendo además, imprescindible prever procedimientos para el manejo de las crisis que pudieran producirse durante la fase de recogida de información y durante el diseño del plan de intervención.

Si la respuesta a las tres primeras preguntas es negativa, pero, en cambio, es afirmativa en alguna de las preguntas posteriores, el nivel de prioridad y de urgencia en la intervención es menor. En tales casos, no será siempre necesario prever procedimientos para el manejo de las crisis que pudieran producirse durante la fase de recogida de información y de diseño del plan de apoyo conductual, aunque en algunos casos será imprescindible.

Si la respuesta a todas las preguntas es "no", puede considerar que no es necesaria ninguna intervención o registro de la conducta, y que es el entorno -familiares, profesionales, compañeros, amigos-, el que debe cambiar de actitud y mostrarse más tolerante, aceptando la conducta. A su vez, puede no resultar fácil conseguir este cambio de actitud en determinadas personas que forman parte del entorno cercano de quien presenta la conducta observada, sobre todo si esas personas presentan deterioro o rigidez cognitiva. En tales supuestos, es necesario trabajar con ellas más intensamente desde el apoyo conductual positivo para ayudarles en esa adaptación.

Conviene tener presente que, en ocasiones, no es sencillo determinar si una conducta puede o no calificarse de disruptiva o si ocurre con la suficiente frecuencia o intensidad como para considerarse problemática. Es más, puede que alguna persona opine que sí lo es y que otras, en cambio, consideren lo contrario. A este respecto, conviene no perder de vista que la propia actitud de las y los profesionales, o su percepción puede verse alterada o influenciada por un estado de cansancio o saturación y puede llevarles a considerar la necesidad de intervenir en una conducta que, en un estado de mayor tranquilidad, hubieran considerado tolerable y no problemática. Por ello, es esencial basar cualquier decisión de evaluación y de intervención en la opinión y las observaciones de varias personas en lugar de limitarse a las consideraciones de una de ellas. Es esencial realizar estas actuaciones en equipo, de forma consistente, sin adelantarse a las decisiones, ni actuar de forma independiente. El trabajo en equipo y la consistencia en las actuaciones es la clave del éxito en estos procedimientos.

Cuando existe cierta discrepancia acerca de la naturaleza de la conducta, cabe la posibilidad de optar, en un primer momento, por una simple supervisión informal de la conducta, recurriendo a una evaluación funcional sólo en caso de observarse un agravamiento de la situación.

Básese en la información obtenida en las entrevistas y en las respuestas obtenidas a las preguntas anteriormente indicadas para determinar el nivel de prioridad de las conductas que deberán constituir el objetivo del análisis y de la intervención.

Sea cual sea el nivel de prioridad que se asigne a una conducta, todos los y las profesionales tienen que tener presente que no puede iniciarse la intervención hasta que se haya finalizado la evaluación, elaborado el plan de apoyo conductual y decidido su puesta en marcha.