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Palabras clave

Discapacidad física y orgánica, Derechos sociales, Acceso, Servicios de apoyo, Calidad de vida, Inclusión social, Participación social, Toma de decisiones, Evaluación, Cuestionarios, Datos estadísticos, Actitudes sociales, Gipuzkoa, País Vasco, España

Resumen

El derecho a contar con los apoyos necesarios constituye un derecho fundamental para garantizar la calidad de vida y la plena inclusión y participación comunitaria de las personas con discapacidad. Así, la propia Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho a que “las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico”, lo que incluye que “tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta”. Los apoyos pueden definirse como aquellos recursos personales o técnicos, que pueden ser de distintos tipos e intensidades, con los que cuentan las personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica y garantizar sus derechos, bienestar e inclusión en la sociedad. Por ejemplo: asistencia personal, servicio de ayuda a domicilio, otros apoyos personales, productos de apoyo, sistemas para la comunicación, medidas de accesibilidad universal, etc. Así, la configuración y garantía de acceso a los apoyos necesarios constituye un reto fundamental a abordar en el marco de las políticas públicas en materia de discapacidad, y se presenta como un reto para avanzar en la alineación de estas con la Convención. Es por lo que Elkartu ha llevado a cabo un proceso de participación entre las personas con discapacidad física, con el objeto de analizar la realidad actual del sistema de apoyos para las personas con discapacidad, y especialmente, las medidas que deben abordarse para garantizar un sistema de apoyos que se adecúe de manera adecuada a los principios y derechos reconocidos en la Convención y al marco jurídico que de la misma se deriva